En marzo de 2016, el presidente Evo Morales y el gabinete económico recibieron a representantes del Banco Mundial, la Cepal y la CAF para escuchar sus análisis sobre la situación y las perspectivas de la economía boliviana. En aquella oportunidad, estos organismos sugirieron a nuestros gobernantes “continuar motorizando el crecimiento de la inversión pública, fortalecer la inversión privada, articular cadenas productivas, aumentar la productividad agrícola e industrializar las materias primas”.
Unos meses después, en junio de ese año, la Cepal publicó su informe económico anual 2016, que señalaba que “la capacidad de los países para acelerar el crecimiento económico depende de los espacios para adoptar políticas que apoyen la inversión, cambiar la conversación entre el sector público y las empresas privadas, y aumentar la productividad”.
No es casual que los organismos internacionales de cooperación al desarrollo coincidan en plantear la necesidad de promover las sinergias efectivas y dinámicas entre el sector público y el privado como un requisito esencial para alcanzar el desarrollo y el progreso de las naciones, pero además como un mecanismo idóneo para crear fuentes de empleo y dinamizar la productividad. Más allá de cualquier diferencia, estas entidades asumen que el sector privado puede y debe desempeñar un papel mucho más activo en el desarrollo, impulsando la productividad, creando empleos y desarrollando tecnologías innovadoras.
Es importante notar que las recomendaciones las dirigen a los gobiernos, ya que son las autoridades políticas las que establecen los marcos legales sobre los cuales las empresas operan y, por lo tanto, las que aceleran o frenan su desarrollo. Los gobiernos son los responsables de asegurar la vigencia de mercados competitivos, implementar políticas públicas, construir sistemas regulatorios que otorguen seguridad jurídica y promover la inversión privada, en correspondencia con una visión de articulación, coordinación y cooperación entre ambos sectores.
Este enfoque del desarrollo ya está siendo aplicado en países como Ecuador, que, por ejemplo, ha creado el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, compuesto por representantes del Gobierno y del sector privado, y cuyos objetivos alcanzan el ámbito productivo, acceso a mercados, innovación, tributación, inversión y financiamiento. Pero también es evidente en Perú y Paraguay, países que han logrado ritmos de crecimiento sostenido, gracias a la participación activa de sus sectores empresariales, apoyados por políticas públicas que promueven su desarrollo.
No solo la región, sino el mundo desarrollado y multipolar va en esa dirección. En la República Popular China el sector privado representa el 60% del PIB y el 50% de los ingresos fiscales, además de generar el 80% de los nuevos empleos, y su Gobierno continúa aplicando una política que apoya decididamente la iniciativa privada, con medidas como la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de la burocracia.
Esta visión no solo refleja la coincidencia de criterios entre países, sino que evidencia una ruta natural y efectiva para el desarrollo. Así debieran entenderlo algunos sectores de nuestro Gobierno, especialmente quienes construyen barreras a la inversión privada, impulsan medidas regresivas como la Ley de Empresas Sociales y buscan sostener una falsa contradicción entre el sector público y privado que, lejos de aportar al bienestar de los bolivianos, puede generar retrocesos que terminarán afectando la productividad, el empleo y la sostenibilidad de nuestro crecimiento.
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