América Latina comienza a reaccionar en términos económicos a la peor crisis planetaria de los últimos tiempos, desatada por el COVID-19. Si bien es normal que la región vaya respondiendo mientras avanza la pandemia, las primeras respuestas de los gobiernos muestran no están a la altura de la crisis. Primero, porque los montos totales que se están manejando hasta el momento son insuficientes: Argentina y Brasil no superan el 2% del PIB, mientras que Chile, quien plantea el plan más ambicioso, propone una del 4,7% del PIB. Segundo, porque no es lo mismo movilizar recursos que gastar en la gente.
La movilización de recursos significa que el Estado decide colocar liquidez en la economía, ya sea a empresas o ciudadanos, pero siempre con una contraprestación: creando una deuda (crédito) o simplemente adelantando un ingreso que estaba previsto en los sistemas previsionales en meses futuros. En cambio, gastar es generar liquidez en el sector privado sin que ello genere una contraprestación: es decir, con aumento de las ayudas sociales, creando empleo público o directamente, asignando una renta básica. Estamos convencidos que ambas son necesarias, pero las dimensiones deben ser diametralmente diferentes para garantizar la recuperación.
Pocas veces (como en una guerra) una crisis rompe el circuito económico de oferta y demanda como hoy está ocurriendo; los oferentes no pueden producir y los demandantes no puede consumir. En la práctica, el sistema económico está en condición de guerra. Esto quiere decir que la situación no se soluciona con medidas de “confianza” en los mercados, ni incentivos privados para que se reactive la inversión ni “ajustes del cinturón”, como muchas cámaras empresariales en la región ya sugieren sin sentido. La salida no es neoliberal; lo único que nos devolverá el crecimiento es el déficit fiscal, puro y duro, con gastos ambiciosos en rentas que lleguen a la gente y que permitan que se restablezca el actual cortocircuito económico de la demanda y de la producción.
Sostener el tejido empresarial implica también sostener el empleo, por lo que es de la mayor importancia que las empresas no cierren ni despidan trabajadores. Es por ello que las empresas inactivas y sin ingresos, en especial las pequeñas, deben recibir auxilio para continuar pagando salarios y así evitar despidos y quebrantos empresarios. Se hace imperante que el Estado provea de una especie de renta básica transitoria para sus trabajadores y solucione el problema. Todas estas medidas son grandes demandantes de gasto público. El Gobierno conservador de Reino Unido anunció que pagará el 80% del salario de los trabajadores para evitar despidos. Las medidas deben ser extraordinarias en tiempos extraordinarios.
La informalidad en el trabajo es una constante en Latinoamérica. El cuentapropista sobrevive con los recursos que genera día a día y, en consecuencia, la sociedad se encuentra en el dilema de permitir estas actividades económicas y este vector de contagio, o no permitirlas y hambrear a un importante segmento de la población. La solución es brindarles una renta básica transitoria para que puedan quedarse en casa desactivando, así, neutralizar este canal de expansión del virus.
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La creación de crédito es creación de dinero, y en tal medida es capaz de financiar los gastos y apuntalar la demanda agregada. Es fundamental y debe expandirse con vigorosidad, sin titubeos. El crédito no tiene límites físicos pues se crea de la nada (ex nihilo) sin necesitar de un depósito previo; sólo requiere voluntad política. No obstante, el crédito debe venir acompañado de bajas tasas de interés, amplios plazos y sin mirar los colaterales. Esto choca con la banca privada latinoamericana, acostumbrada a una rentabilidad importante, poca penetración en la economía y dirigida a sectores que desangran divisas (como importación de vehículos). Debemos saltarnos a la banca privada, no hay tiempo.
Necesitamos una banca pública expansiva y la creación masiva de cuentas corrientes para todos los ciudadanos, que reduzcan la intermediación lenta y especulativa de la banca privada. No podemos esperar más; hay que crear mucho crédito, siempre reduciendo el impacto sobre la restricción externa (aceleración de las importaciones).
En esta ecuación será difícil que se sume el sector financiero privado, pero habrá que topar el tablero y generar nuevas condiciones de gobernanza. Hay que liberar temporalmente las cadenas de riesgo bancario que obligan a los bancos a ser cautelosos. En compensación, los créditos morosos de empresas y personas no tendrían que afectar ni la calificación de los bancos ni de los deudores. Segundo, la banca deberá tener objetivos mínimos de colocación en sectores específicos como ocurre en China haca y algún tiempo para que el crédito asegure la recuperación.
Las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas, dependen de sus ingresos diarios para sobrevivir. La inactividad cortará rápidamente la cadena de pagos y generar quiebras masivas e incumplimientos fiscales y financieros. Es indispensable tomar medidas para que este lapso de inactividad no genere una desaparición de este sector del aparato productivo. Por ello es necesario que, tanto el Estado como el sector financiero, resignen sus ingresos financieros y tributarios provenientes de esta fuente. No sólo para las empresas sino también para las personas, durante el tiempo que dure esta situación excepcional. Los vencimientos de deudas deben dilatarse, es decir, suspenderse, tanto como dure la cuarentena, tanto sea para empresas como para las familias, tanto sea que los acreedores sean la banca, las empresas o las familias. El crédito comercial, también debe reperfilarse. Varios países ya están tomando medidas en este sentido porque, de lo contrario, llevaría a una destrucción del aparato productivo y a una ineficiente apropiación de activos por parte del sector financiero que podría aprovecharse de la falta de liquidez empresarial.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, anunció un plan económico de 2,2% del PIB (147 mil millones de reales). Parecería significativo, pero de ese monto el 90% corresponde a movilización de recursos y deberán ser repagados por la sociedad. Sólo un 0,2% sería gasto directo a los hogares (ampliación del Bolsa Familia en 0,1% del PIB y 0,1% corresponde a asignaciones a la salud pública). Esto levanta las alarmas sobre una situación crítica de la población, que va de la mano con la falta de acción política del Gobierno de Jair Bolsonaro, que sigue minimizando una crisis sanitaria subyacente.
Por su parte, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, también anunció un plan de ayudas que totaliza un valor de 2,2% del PIB. De ese valor, un 1,63% está destinada a movilizar recursos y otro 0,57% se colocaría como gasto directo. La respuesta argentina es superior a la brasilera, a pesar de la maltrecha economía que deja el macrismo.
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