La Cámara Nacional de Comercio (CNC) plantea al Gobierno la creación conjunta de un comité interinstitucional de emergencia que trabaje en planes para la recuperación de la economía nacional y garantice el empleo, ante la crisis que enfrenta Bolivia por la pandemia del coronavirus.
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El gerente general de la institución, Gustavo Jáuregui, informó a Página Siete Digital que la propuesta fue enviada a la presidente Jeanine Añez el 25 de marzo, y tiene el objetivo de frenar, de alguna manera, la inminente recesión económica global producto de la crisis por el Covid-19.
“Hemos sugerido la creación de un comité de emergencia para la recuperación económica y el empleo en Bolivia, justamente a raíz del problema de salud pública, entendemos que la recesión económica ya está en curso y esto es a nivel mundial. Nosotros de forma oportuna tenemos que analizar las medidas que se van a tomar para que el impacto de esa recesión económica no sea tan fuerte para la economía nacional”, afirmó Jáuregui.
Este comité de emergencia estará conformado por el sector empresarial y los ministerios del área como las carteras de Economía, de Planificación del Desarrollo y del Ministerio de Trabajo, entre otros.
Los empresarios privados buscan, mediante este comité, proyectar políticas de incentivo a las inversiones, una nueva política tributaria y laboral, puesto que con la cuarentena y la paralización de muchos sectores productivos, varias empresas corren el riesgo de cerrar y despedir a los trabajadores.
Entre esos sectores están las empresas que brindan servicios por ejemplo de turismo y hotelería que, por la cuarentena, están paralizadas y sin generar ningún tipo de ingresos, pero con la carga de responsabilidades fijas como el pago de sueldos, pago de AFP e impuestos, entre otros.
“¿Si uno no tiene ingresos, con qué flujo va a poder cubrir esas obligaciones?”, preguntó Jáuregui y agregó que además del pago de sueldos, los empresarios deberán hacer aportes en las cajas de salud, los pagos a las administradoras de fondos de pensiones y pago de tributos.
A la inyección de liquidez a la economía nacional que anunció el Gobierno la semana pasada, con la compra de bonos por un valor de 3.476 millones de bolivianos, la CNC sostiene que el Gobierno debe aumentar esa liquidez al sector formal de la economía, ya que éste se “devuelve” los recursos al Estado a través del pago de impuestos.
Otra de las preocupaciones urgentes de la Cámara es el anuncio que hizo este lunes 30 de marzo el gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, en Pisiga, frontera con Chile donde llegó junto a los ministros del Estado e informó que decidió el cierre total de las frontera con el país vecino.
“Hemos solicitado al Ministro de Defensa, quien ha aceptado, y por eso estamos anunciando hoy día a todo el sector del transporte pesado que ingresa por Tambo Quemado, que se cierra a partir de las cero horas del miércoles (1 de abril). Les estamos dando más de 24 horas para que puedan prever”, anunció Pizarro.
Al respecto, la CNC envió una nota al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, para solicitar que el Gobierno emita una postura oficial sobre el anuncio del Gobernador de Oruro y adviertió que la decisión puede ocasionar grandes consecuencias a la cadena productiva.
“Considerando que el 12% del total de las importaciones de nuestro país ingresan por esta vía, entendemos que podría generar un gran perjuicio para el normal abastecimiento”, dice la carta de los empresarios, en la que piden al Gobierno garantizar el libre tránsito de insumos y mercaderías en todas las fronteras de Bolivia.
Jáuregui apuntó que el anuncio del Gobernador de Oruro va en contra de las propias normas emitidas por el Gobierno ante la emergencia del Covid-19. La afirmación hace alusión al Decreto Supremo 4196, que en su artículo 8 sobre el cierre de fronteras exceptúa a los “conductores del transporte internacional de carga y mercancía, mismos que deberán cumplir el protocolo y procedimiento del Ministerio de Salud”.
“Son muchos los actores de esta cadena. Estamos hablando de las navieras, los operadores del puerto, los operadores del servicio logístico como es el transporte de carga internacional con quienes se puede generar un conflicto social, estamos hablando de despachantes aduaneros, es decir, es toda una cadena de gente que trabaja alrededor del comercio exterior y creo que no nos podemos dar el lujo de cortar esta cadena”, afirmó Jáuregui.
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