El empresariado nacional expresó su preocupación por la emergencia sanitaria que vive el país debido a la presencia de la pandemia del coronavirus y planteó asumir acciones orientadas a evitar que Bolivia ingrese en una profunda recesión económica.
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En las recientes horas, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) ―institución que el 18 de marzo indicó que debido a las circunstancias que aquejan al país la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional descendería de 3,5% a 2,5%, con una inflación por encima del 3%― demandó al Gobierno la creación de un Comité Interinstitucional de Emergencia para la Recuperación Económica y del Empleo en Bolivia (Ciere), con el objetivo de analizar y delinear medidas urgentes para evitar que la economía nacional caiga en una recesión profunda.
Entre las medidas urgentes que plantea la CNC, a través de una carta que fue enviada a la presidenta Jeanine Áñez, figuran la definición de mecanismos para la recuperación de la demanda, el consumo interno y la liquidez de las empresas; la recomposición de la cadena de pagos en todos los rubros productivos, comerciales y de servicios para asegurar la continuidad de las operaciones de proveedores y asalariados; la elaboración de políticas laborales orientadas a mantener el empleo formal y que impidan la reducción de personal; evaluación de un apoyo social a las familias que viven en la informalidad y la disminución de cargas tributarias.
La Cámara de Comercio ve importante reinyectar liquidez a la economía del sector de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, con el objetivo de coadyuvar a fortalecer el sector formal de la economía.
Al respecto, el Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó el jueves la inyección de Bs 3.476 millones a la economía tras la compra a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de bonos del Tesoro General de la Nación, recursos que serán invertidos en el sistema financiero para atender la demanda de créditos y fortalecer la liquidez del sector, que hasta el anterior viernes era de Bs 6.806 millones.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) se declaró en estado de emergencia ante la situación que atraviesa el país por la amenaza del coronavirus a la salud y también planteó cinco medidas de urgencia, como la agilidad en la entrega de permisos para la circulación de productos alimenticios y trabajadores; la reprogramación de créditos en la banca a las industrias grandes, medianas y pequeñas con plazos y tasas de interés blandas, sin sanciones o multas, y la flexibilización laboral para el sector por sus modalidades de trabajo.
En ese marco, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) expresó su preocupación por los severos efectos económicos que experimentan la industria nacional, en particular la paceña.
La institución lamentó que las empresas continúen honrando sus obligaciones de carácter tributario, crediticio, salarial, de aportes a la seguridad social, pago a proveedores, entre otros.
“Las industrias están ingresando en una situación de iliquidez severa que gradualmente las conducirá al cierre de actividades”, mencionó el presidente de la Cadinpaz, Raúl Crespo, en un comunicado de prensa.
Agregó que las industrias aún no recibieron apoyo ni conocen de medidas económicas de parte del Estado que permitan vislumbrar una forma de evitar la recesión económica que se advierte como algo inminente.
La Cadinpaz hizo un llamado al Gobierno para implementar de forma urgente medidas económicas y de estímulo fiscal orientadas a evitar la paralización del aparato productivo industrial.
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) advirtió que el sector se ve amenazado por una crisis si no se asumen políticas públicas inmediatas de apoyo al sector, que tiene una cadena productiva extensa, conformada por los proveedores de insumos y materiales, contratistas y mano de obra, que entre todos pasan los 500 mil empleos.
Entre las acciones que exigen los constructores se menciona como prioridad el pago de todas las planillas de avance de obra de proyectos concluidos y en ejecución, que en muchos de los casos exceden los siete meses; reglamentar por medio de un decreto supremo que las planillas de avance de obra deben ser, de manera obligatoria, canceladas al mes de la entrega de la misma por parte del contratista; que se determine que la paralización de obras públicas a escala nacional no tenga ninguna sanción en virtud a la pandemia existente en el país; prorrogar el pago de tributos y establecer nuevas fechas de vencimiento de plazos de créditos con el sistema financiero por al menos 180 días, sin incrementar los intereses, y para la presente gestión que se congele el salario mínimo nacional y no exista un incremento al haber básico debido a la inestabilidad económica que se percibe en el país.
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