El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, promulgó hace casi un mes la Ley Departamental de Incentivos a las Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), dirigido a las empresas que se encuentren ejerciendo actividades dentro de la jurisdicción del Departamento.
De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Oficial del Departamento de Santa Cruz, la finalidad de la Ley es incentivar comportamientos voluntarios, socialmente responsables y sustentables por parte de las empresas en beneficio de la población cruceña, y resalta que dichas prácticas son voluntarias.
De la ejecución de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial podrán participar empresas, sociedades civiles, asociaciones o fundaciones y serán direccionadas de la siguiente manera: suscripción de Convenios de Ejecución, donaciones, inversión directa en proyectos de apoyo al Desarrollo Departamental u otras prácticas de RSE Certificadas por la Gobernación.
Asimismo, entre los beneficios de apostar por los proyectos de RSE, la Gobernación destaca que todas las empresas que obtengan el Certificado de Cumplimiento RSE, tendrán puntos adicionales en la calificación de propuestas presentadas en procesos de contratación de bienes y servicios del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; descuentos de hasta el 10% en Tasas Departamentales y el registro en las plataformas de la Gobernación, como empresas que cumplen RSE en el departamento.
“Esta Ley busca lograr que las empresas que hagan un trabajo arduo en el sector social puedan beneficiarse en esta Gobernación con porcentajes de descuento en las tasas y obtener una bonificación al momento de presentarse en una licitación (…), estamos trabajando para que las empresas no solo trabajen con el sector social, sino que también se beneficien”, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic.
Para Heiver Andrade, director de la Fundación AmigaRSE, surgen cuestionamientos en torno a esta Ley Departamental, por ejemplo ¿esta norma en su concepción, rescata y ésta alineada con los desafíos futuros a los que nos veremos en la necesidad de enfrentar e invita a alinearse con las agendas globales?
El experto indicó que cuando se habla de RSE, el término “donación” suena a “mala palabra”, ya que las empresas prefieren utilizar “inversión social”, porque además rescata la filosofía de que esos fondos deben generar “rentabilidad social y/o ambiental” y permitir transformaciones sociales y ambientales, acompañadas de indicadores de impacto que nutran su reporte de sustentabilidad y balance social.
Por otro lado, explicó que la Ley provoca a las empresas realizar una inversión o coinversión en los siguientes temas: desarrollo social, salud, medioambiente y educación. Además de existir otros temas que para algunas empresas podrían ser más importantes y que responden a las demandas de sus stakeholders, además de igual manera coadyuva a la sostenibilidad del departamento. “Aquí los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas se vuelven importantes”, según Andrade.
De acuerdo con el Director de AmigaRSE, más allá de lo que estipula el art. 9 (Formas de Ejecución de Proyectos de RSE), y el art. 13 (Certificado de cumplimiento de la RSE), la mejor forma de medir la: calidad, alcance e impactos de la RSE de cada empresa, es la evaluación de su Reporte de Sostenibilidad o Balance Social. Calificar y premiar los mejores reportes, puede ser un gran incentivo.
“Pensar en construir la reglamentación de una manera participativa, invitando a una mesa de trabajo a empresas e instituciones que conocen y practican este tema, tal vez sea una de las soluciones para garantizar posteriormente una adecuada implementación y éxito de la misma”, finalizó Andrade.
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