El 14 de junio, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Bolivia.
La pandemia de la COVID-19 ha tenido efectos devastadores en Bolivia, causando perturbaciones sin precedentes y una trágica pérdida de vidas, con más de 15.000 fallecidos y 400.000 casos registrados hasta la fecha. La necesaria cuarentena impuesta en marzo de 2020 restringió la movilidad y el acceso al trabajo, y la producción disminuyó en todos los sectores, salvo en la agricultura, provocando una contracción del 8,8 por ciento del PIB en 2020. El descenso de la demanda de importaciones dio lugar a una mejora en el déficit de la cuenta corriente, que se redujo en 3 puntos porcentuales, al ½ por ciento del PIB. La desaceleración del crecimiento y la caída de los precios de los alimentos redujeron la inflación al 0,9 por ciento en 2020.
Para combatir la pandemia, las autoridades aumentaron el gasto en salud pública y brindaron apoyo a los hogares, a las empresas y al sector financiero. Los gastos extraordinarios en programas de apoyo directo, como el Bono Contra el Hambre, y el aumento del gasto en el sector de salud y asistencia social, contribuyeron a mitigar el impacto de la pandemia. La desaceleración cíclica redujo los ingresos, incrementando el déficit del sector público al 12,7 por ciento del PIB en 2020. La expansión fiscal contribuyó a una caída de las reservas internacionales, que disminuyeron de USD 6.500 millones a fines de 2019 a USD 4.700 millones a fines de marzo de 2021.
Se espera que la economía repuntará en 2021, y crecerá en 5,0 por ciento, respaldada por el programa de las autoridades para vacunar a toda la población adulta lo más pronto posible. Se prevé que el aumento de los precios de las materias primas impulse la recuperación de los sectores de la minería y los hidrocarburos, y que el crecimiento en el sector agrícola siga siendo sólido. Se proyecta una pequeña mejora del déficit fiscal en 2021, respaldadas por la recuperación de los ingresos, la reducción progresiva de las partidas de gastos extraordinarios relacionados con la COVID-19 y la desaceleración del crecimiento de los salarios y el gasto en bienes y servicios.
Los riesgos para estas perspectivas incluyen la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación en Bolivia y sus principales socios comerciales, así como al aumento proyectado de los precios de las materias primas mundiales. La dependencia del financiamiento de los mercados internacionales podría exponer a Bolivia a los cambios de las condiciones financieras externas, mientras que el diferimiento en el pago de los créditos relacionados con la COVID-19 podría incrementar los riesgos para la estabilidad financiera.
Los directores ejecutivos felicitaron a las autoridades bolivianas por la respuesta proactiva desplegada ante la pandemia, incluidos el apoyo fiscal a los hogares y las empresas, el mayor respaldo al sector de salud y los importantes esfuerzos realizados para incrementar la vacunación. Si bien los directores coincidieron en que las políticas macroeconómicas deben seguir respaldando la recuperación a corto plazo, también hicieron hincapié en la importancia de salvaguardar la sostenibilidad fiscal y externa a mediano plazo, promoviendo al mismo tiempo una economía más inclusiva y más verde.
Los directores elogiaron la respuesta fiscal desplegada por las autoridades para hacer frente a la crisis. Recomendaron mantener el apoyo financiero focalizado necesario para respaldar a los hogares afectados mientras dure la crisis. Al mismo tiempo, los directores subrayaron la necesidad de centrar los esfuerzos de política económica a corto plazo en el contexto de un plan a mediano plazo claro que lleve al déficit fiscal a un nivel sostenible a mediano plazo y estabilice la relación deuda/PIB. Hicieron hincapié en la necesidad de que la consolidación fiscal incluya medidas para movilizar ingresos, y racionalizar y reorientar el gasto a fin de seguir mejorando el bienestar social y reducir la pobreza.
Los directores tomaron nota de la preferencia de las autoridades por mantener el actual régimen cambiario, que ha dado como resultado una inflación baja y estable. Al mismo tiempo, instaron a las autoridades a examinar los posibles beneficios y las condiciones previas necesarias para permitir cuidadosamente una mayor flexibilidad cambiaria a mediano plazo. Tomando nota de que esta transición requerirá un importante trabajo de preparación, una mayor flexibilidad podría incrementar la resiliencia a shocks exógenos, evitar nuevas pérdidas de reservas e incrementar la competitividad de las industrias no relacionadas con los hidrocarburos. Los directores resaltaron el apoyo proporcionado al sector financiero durante la pandemia a través del programa de diferimiento de pagos, y alentaron a la autoridad de supervisión a fortalecer su monitoreo de la rentabilidad, la liquidez y el capital de los bancos mientras las moratorias sigan vigentes.
Los directores instaron a las autoridades a implementar reformas estructurales para promover la inversión privada doméstica y la inversión extranjera directa. Con este fin, recomendaron eliminar gradualmente las restricciones a los precios y a las exportaciones, flexibilizar los cupos crediticios y los límites a las tasas de interés, reducir los subsidios a las empresas estatales en el sector de hidrocarburos y responder a las inquietudes de equidad social mediante un apoyo fiscal focalizado. Los directores señalaron que es esencial abordar las cuestiones de gobernanza y la incertidumbre en el entorno regulatorio a fin de respaldar la creación de más empleos e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Los directores elogiaron la notable reducción de la pobreza lograda desde mediados de la década de los 2000, y señalaron que para seguir avanzando en el alivio de la pobreza será fundamental incrementar el apoyo a los sistemas de educación y salud pública. Celebraron los proyectos de inversión en curso impulsados por las autoridades relacionados a fuentes de energía más verde para diversificar el consumo de energía interna y promover soluciones alternativas al uso de combustibles fósiles, proporcionar nuevas fuentes de ingresos y afianzar la recuperación económica.
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