Con el objetivo de convertir a Bolivia en el centro energético de la región, el Gobierno prevé en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2016 un alza del 240% en la inversión pública en proyectos de energía respecto a lo programado esta gestión.
De acuerdo con los datos extractados del proyecto de Ley Financial 2016, remitido el 20 de noviembre a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento, los recursos para este sector casi se cuadruplicarán en 2016, de $us 427 millones presupuestados en 2015 a $us 1.454 millones.
El monto representa el 23% del total del dinero que se destinará a proyectos de inversión pública en todos los sectores económicos. Aunque será el segundo rubro con mayor inversión en Bolivia—el primero es transportes con el 29% ($us 1.848 millones)—, es al que se apunta para generar excedentes con miras a la exportación y captar mayores ingresos para el erario público.
Tres proyectos cumplirán este objetivo: el equipamiento y construcción de los ciclos combinados de las plantas termoeléctricas de Entre Ríos y del Sur así como la construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica Yaguacua-Tartagal y Tartagal-San Juancito. La inversión para los tres programas alcanza a $us 530,2 millones.
En el presupuesto del próximo año también se incluye la construcción de la Central Hidroeléctrica San José, la construcción de la Planta de Generación Hidroeléctrica Ivirizu, el equipamiento y construcción de los ciclos combinados de la Planta Termoeléctrica Warnes, y la construcción de la Planta de Generación Hidroeléctrica Misicuni II, entre otros.
La Razón publicó el 21 de octubre que, a partir de 2017, Bolivia exportará a Argentina 440 megavatios (MW) de electricidad, un tercio del consumo actual del país que llega a 1.300 MW, y se prevé que en 40 días comience la construcción de la línea de interconexión eléctrica Yaguacua-Tartagal.
Las autoridades energéticas de Bolivia y Argentina firmaron el 20 de octubre en la ciudad de Tarija tres convenios de intercambio energético en electricidad, energía nuclear e hidrocarburos. El primero establece la firma en 30 días del contrato de compra-venta de energía eléctrica. Inicialmente se prevé el envío de 440 MW y su paulatino incremento de acuerdo con la capacidad de generación.
El documento fue firmado por los ministros del área energética de ambos países y de los ejecutivos de las estatales Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de Bolivia y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMESA) de Argentina.
Se ha visto que es necesario fortalecer el tema energético y en efecto nuestro propósito es convertir al país en centro energético”, declaró ayer el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, quien brindó una explicación sobre el PGE 2016 en la ciudad de Cochabamba. La autoridad indicó que en 2005 el presupuesto para energía llegaba a $us 20 millones, aunque —resaltó— en los últimos años tuvo un considerable incremento. En 2016 se prevé una inversión de $us 1.454 millones, añadió.
El Estado boliviano tiene firmados acuerdos de integración energética con Argentina, Brasil, Perú y Paraguay.
El Gobierno destinará el próximo año unos Bs 3.564,5 millones ($us 512,1 millones) para el pago de la Renta Dignidad, el bono Juancito Pinto y el bono Juana Azurduy de Padilla, según datos extractados del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2016. En el primer caso, el Ejecutivo presupuestó Bs 2.912,5 millones para pagar a 923.903 personas. De esa manera el gobierno constribuye desarrollo de la economía de Bolivia.
Bolivia alcanzará el 100% de soberanía alimentaria en 2021 con la inyección del 47% de recursos de la inversión pública destinados al sector productivo, informó el lunes el director de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Lucio Tito. “En términos de presupuestos, nunca antes habíamos recibido tanta inyección de recursos”.
Las universidades públicas del país recibirán el próximo año un presupuesto (transferencia de recursos) de Bs 3.489 millones ($us 501,3 millones), de acuerdo con los datos publicados en el proyecto de Ley Financial 2016. El documento también establece que las casas de estudios superiores tienen Bs 2.680,6 millones ($us 385,1 millones) en caja y bancos, es decir, dinero que no han ejecutado.