La implementación del Sistema de Facturación Eletrónica (SFE), que debía arrancar originalmente el 1 de marzo, fue postergada oficialmente para el 1 de noviembre, informó el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón.
El presidente de la entidad explicó que los 244.728 contribuyentes inscritos en el SIN fueron distribuidos en cinco grupos, que se irán implementando a las cinco modalidades existentes de este sistema paulatinamente hasta el 1 de noviembre de 2020.
“El primer grupo de contribuyentes va a poder arrancar con la implementación del SFE el 1 de noviembre de este año 2019; el segundo grupo comienza el 1 de febrero del año 2020; el tercero, el 1 de mayo de 2020; el cuarto, el 1 de agosto de 2020; y el quinto, el 1 de noviembre de 2020”, explicó Cazón.
En el primer grupo, compuesto por el grueso de los contribuyentes (233.265), un total de 106 implementarán la modalidad de facturación electrónica, 200 pasarán a la facturación computarizada, 29.558 a la facturación portal web, 203.138 se mantendrán en la modalidad de facturación manual y 263 en facturación prevalorada.
Los siguientes grupos sólo estarán compuestos por contribuyentes asignados a las modalidades Electrónica y Computarizada.
“Se ha consensuado que un total de 4.049 contribuyentes, en su mayoría pricos y gracos implementarán la facturación electrónica en línea, mientras que 203.138 contribuyentes permanecerán en la modalidad de facturación manual, pero con la posibilidad de pasar a alguna de las modalidades electrónicas que estamos implementando si así lo desean”, agregó el presidente del SIN.
Cazón indicó que las observaciones realizadas a la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 101800000026, que derivaron en la impugnación de la norma por parte de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Boliviana de Aviación (BoA) fueron consensuadas e incluidas en una nueva resolución, la RND Nº 101900000003, publicada ayer.
Cazón indicó que este acuerdo se logró a través de reuniones con la CNC, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y otros sectores como la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), YPFB y Asociación de Líneas Aéreas.
“Consideramos que ahora no puede haber ya más observaciones a esta resolución, que ha sido totalmente consensuada con los diferentes sectores, en todo caso, ellos han mostrado su predisposición para apoyar a la Administración Tributaria en la implementación del SFE, que es un proyecto importante para el país”.
Cazón recalcó que la implementación en el país de la Facturación Electrónica está totalmente garantizada, ya que en este proceso de consenso se han recogido los planteamientos de los diferentes sectores, de las personas, de las empresas, de las microempresas y de las pequeñas empresas.
Por eso se amplió la fecha límite de emisión de facturas realizadas a través del Sistema de Facturación Virtual (SFV), con fecha límite 28 de febrero de 2019, hasta 180 días posteriores a la fecha de su envío.
La anulación de las facturas, a través del Sistema de Facturación Electrónica, podrá realizarse hasta el día 5 del mes siguiente del periodo en que se realizó la transacción original, sin requerir autorización del comprador.
Además, se amplió el tiempo de uso de la Nota de Crédito-Débito hasta 18 meses para todas las empresas de servicios. Inicialmente era sólo para YPFB.
La firma digital sólo es imprescindible para los contribuyentes que deben implementar la modalidad de Facturación Electrónica en Línea.
“La firma digital otorga al contribuyente y al consumidor final seguridad en su transacción, evita fraudes, reduce la evasión fiscal, elimina la pérdida de documentos físicos (en papel), tiene valor legal a nivel nacional y garantiza la validez jurídica de documentos enviados por la Internet”, explicó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN.)
Señaló que la firma digital se paga una vez al año, pero ese costo es bajo respecto a los beneficios antes mencionados; porque no solamente sirve para la emisión de facturas, sino también permite agilizar trámites en instituciones públicas y privadas.
El presidente del SIN, Mario Cazón, indicó que mediante el uso de la firma digital se podrá evitar la clonación de facturas y otro tipo de fraudes tributarios.
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