En el documento «Tecnologías digitales para un nuevo futuro» realizado por la CEPAL se conoce que el crecimiento de las tecnologías digitales ha sido exponencial y el alcance de su uso se ha vuelto mundial, pero ambos fueron acompañados de resultados socialmente negativos. La región aún debe resolver el equilibrio entre los beneficios y los costos de la digitalización en un contexto mundial más adverso, exacerbado por los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Este documento contribuye al debate y a la acción en favor del uso y el despliegue de las tecnologías digitales para un desarrollo más inclusivo y sostenible.
Desde fines de los años ochenta, la revolución digital ha transformado la economía y la sociedad. Primeramente,
se desarrolló una economía conectada, caracterizada por la masificación del uso de Internet y por el despliegue de redes de banda ancha. Luego, se desarrolló una economía digital resultado de la expansión del uso de plataformas digitales como modelos de negocios de oferta de bienes y servicios. Y ahora se avanza hacia una economía digitalizada que basa sus modelos de producción y consumo en la incorporación de tecnologías digitales en todas las dimensiones económicas, sociales y medioambientales.
Como resultado de la adopción y de la integración de tecnologías digitales avanzadas (redes móviles de quinta generación (5G), Internet de las cosas (IoT), computación en la nube, inteligencia artificial, analítica de grandes datos, robótica, entre otros), se está pasando de un mundo hiperconectado a un mundo digitalizado en las dimensiones económicas y sociales. En ese mundo conviven y se fusionan la economía tradicional —con sus sistemas organizativos, productivos y de gobernanza— con la economía digital —con sus innovaciones en los modelos de negocios, la producción, la organización empresarial y la gobernanza—. Esto da lugar a un nuevo sistema digitalmente entrelazado en el que se integran e interactúan modelos de ambos mundos, lo que da como resultado ecosistemas complejos que se encuentran en proceso de adecuación organizativa, institucional y normativa.
Estas dimensiones del desarrollo digital están en permanente evolución, en un proceso sinérgico que tiene efectos en las actividades a nivel de la sociedad, del aparato productivo y del Estado. Esto hace que el proceso de transformación digital sea altamente dinámico y complejo y, por ende, que constituya un desafío para las políticas públicas en la medida en que demanda una adecuación permanentemente y un enfoque sistémico del desarrollo nacional. En ese marco, las redes 5G viabilizarán la convergencia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, cambiando la estructura y la dinámica del sector, al tiempo que la adopción de tecnologías digitales y de inteligencia artificial –en cuanto tecnologías de propósito general– marca una nueva etapa, la de la economía digitalizada.
En la actual coyuntura, la crisis económica y social generada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de distanciamiento físico han precipitado muchos de los cambios planteados al privilegiar los canales en línea en el intento de mantener cierto nivel de actividad. Esa aceleración de la transformación digital en la producción y el consumo parece irreversible. La pandemia ha hecho más relevante la necesidad de reducir las brechas digitales y ha mostrado la importancia de estas tecnologías, por ejemplo, en las aplicaciones de rastreo de contactos (contact tracing). Para avanzar en la reactivación, las tecnologías digitales deben utilizarse para construir un nuevo futuro mediante el crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la desigualdad y una mayor sostenibilidad. Este es el camino hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Las redes 5G permiten construir fábricas inteligentes y aprovechar tecnologías como la automatización y la robótica, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la Internet de las cosas en distintas etapas de la cadena de valor. Tener acceso en tiempo real a información para la toma de decisiones a lo largo de toda una cadena de valor es una ventaja competitiva fundamental para hacer un uso eficiente de los recursos y atender mejor la demanda. Las soluciones basadas en la nube hacen posible integrar mejor las distintas etapas de la cadena. Un mismo software se puede utilizar para el diseño, la simulación y el despliegue de las configuraciones e instrucciones para ejecutar líneas de producción físicas, lo que permite flexibilizar y mejorar las operaciones.
Este tipo de soluciones reemplaza los procesos tradicionales de ensamblaje y aumenta la flexibilidad en la reconfiguración de las plantas de producción ante cambios en el producto o la demanda. Permiten optimizar los procesos y disminuir costos, además de reducir los plazos de entrega, mejorar la gestión logística y captar la atención de los consumidores. Otros usos más relevantes incluyen los sistemas de automatización y control industrial, los sistemas de planificación y diseño, y los dispositivos de campo que entregan información para la optimización completa del proceso. Además, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de decisión permite optimizar la gestión de recursos hacia una menor huella ambiental en ámbitos como la explotación de recursos naturales, la manufactura, la logística y el transporte, y el consumo.
Antes de la pandemia, las tecnologías digitales y sus aplicaciones en las actividades económicas estaban provocando
cambios radicales en los mercados laborales y en las habilidades de las personas. Los cambios en los patrones de
producción y de consumo impulsados por la pandemia han acelerado la adopción de las tecnologías digitales en
muchos sectores y están magnificando sus efectos en los mercados laborales. Durante los períodos de confinamiento
y de restricción de las actividades presenciales, las tecnologías digitales han sido fundamentales para mantener
los empleos y las actividades empresariales. La posibilidad de trabajar desde los hogares ha permitido a muchas
empresas, organizaciones e instituciones limitar el impacto socioeconómico de la crisis.
El potencial del teletrabajo para mitigar el impacto de la crisis en la región está condicionado por la informalidad y la conectividad. El empleo informal —que en 2018 alcanzó más del 50% del total— se concentra en sectores que necesitan interacciones físicas y no se pueden desarrollar en forma remota. Por otro lado, la calidad de la conectividad en los países afecta la posibilidad de teletrabajar. Como se vio anteriormente, en la región la mayoría de los países no alcanzan en promedio los niveles necesarios para desarrollar simultáneamente actividades de alto consumo. Distintas encuestas realizadas en los países de la región muestran que solamente alrededor de un quinto de los ocupados ha podido trabajar desde casa durante la pandemia. En particular, en Chile, el 24,9% de los trabajadores desarrolló actividades de teletrabajo durante la última semana de mayo, porcentaje que en el Uruguay fue del 17%, en el Perú del 14%, y en México del 23,4%3.
En ese contexto, se estima que el COVID-19 provocará más de 18 millones de nuevos desempleados en América Latina y el Caribe. Las repercusiones de la crisis laboral tienen diferencias sustanciales en su alcance por nivel de ingreso y de educación. Los hogares más pobres, los trabajadores informales y las personas más vulnerables serán los más afectados. Como consecuencia, se proyecta un aumento de la pobreza y de la desigualdad en todos los países de la región.
Una causa del significativo aumento del desempleo está relacionada con la segmentación del mercado del trabajo y sus consecuencias en términos de la posibilidad de teletrabajar. Si bien el COVID-19 ha permitido acelerar los beneficios del teletrabajo, la proporción de los de ocupados que puede teletrabajar, que varía entre países, está correlacionada con la estructura productiva y con las habilidades de los trabajadores. Un trabajador medianamente calificado tiene el 67% de posibilidad de trabajar desde casa, cifra que alcanza el 73% para los trabajadores altamente calificados y el 4% para los trabajadores con un nivel de calificación baja. El teletrabajo no es una opción para los trabajadores de bajos ingresos. En los primeros tres quintiles de ingreso, la probabilidad de poder desarrollar actividades desde el hogar es menor al 20% (véase el gráfico II.12), lo que aumenta el riesgo de perder el trabajo durante los períodos de confinamiento. Estas situaciones del mercado laboral tienen fuertes efectos en la distribución del ingreso: los índices de Gini aumentarían entre un 1% y un 8%
La inclusión financiera se refiere a las iniciativas públicas y privadas para dar acceso a servicios financieros a hogares y empresas que, por distintos motivos, son excluidos del sistema financiero tradicional, así como a la promoción del uso efectivo de productos que fomenten la inclusión por parte de agentes productivos que operan con el sistema financiero tradicional.
En América Latina y el Caribe hay un acceso bajo y desigual de los hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) al sistema financiero tradicional, así como una oferta limitada de productos y servicios que promuevan la inclusión. Mientras que menos del 50% de la población mayor de 15 años de la región tiene acceso al sistema financiero formal, en América del Norte o en Europa Occidental este porcentaje se acerca al 90%, y en regiones en desarrollo como Asia Central y África del Norte, se encuentra entre el 53% y el 72%.
La exclusión financiera se explica por factores asociados a la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, las mayores restricciones al crédito están dadas por: i) el riesgo percibido por las instituciones financieras, que se traduce en intereses altos y condiciones restrictivas para los demandantes y ii) una baja rentabilidad esperada en las inversiones necesarias para la inclusión de ciertos grupos poblacionales. Por el lado de la demanda, las barreras de entrada tienen que ver principalmente con la falta de educación financiera, la falta de identificación con los productos ofrecidos y los costos asociados al cumplimiento de la normativa jurídica y regulatoria.
El uso de las tecnologías digitales en el sector financiero ha ayudado a solucionar algunos de los mayores obstáculos que enfrenta la inclusión financiera. Su aplicación ha modificado la forma en que se llevan a cabo las actividades tradicionales del sector financiero (financiamiento, inversión, comercio, pagos, planeación, entre otros), con unas fuertes implicaciones para los consumidores finales (OCDE, 2018). En particular, en lo relacionado con la inclusión financiera, las tecnologías digitales han ampliado la oferta (nuevos modelos de negocio, nuevos productos y oferentes), han reemplazado o cambiado el rol de los intermediarios y los costos asociados, han permitido aprovechar economías de escala y alcance, y han facilitado y acelerado el diseño de productos especializados para ciertos segmentos.
En el uso de aplicaciones de servicios financieros alternativos a los servicios que ofrece el sistema financiero tradicional, destaca el Brasil, donde el 28,2% de los suscriptores de la banda ancha móvil cuentan con aplicaciones para utilizar servicios financieros (véase el gráfico II.15). Por el contrario, en varios países esa cifra se sitúa en niveles inferiores al 1%.
Por otro lado, en el Ecuador y en Guatemala hay un uso relativamente alto de aplicaciones digitales para la gestión de pequeños negocios, lo que mostraría una mayor conciencia de los beneficios de la digitalización, al menos en materia de administración.
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