Mediante el estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se conoce que la brecha digital en América Latina es una condición necesaria para que las innovaciones digitales comiencen a aplicarse en los sectores de infraestructura es un nivel elevado de cobertura y desarrollo del sector de las TIC. Por lo tanto, esta subsección presenta un diagnóstico del sector de tecnologías digitales en la región.
El término brecha digital se difundió en la década de 1990, habiéndose definido, originalmente, como la división entre los que tienen acceso a las TIC y os que carecen de ellas, parcial o totalmente. El análisis de la brecha digital en las TIC comparte algunas dimensiones con brechas en otros sectores (transporte, energía y agua, entre otros) tales como “acceso” (penetración y cobertura), costo (asequibilidad) y calidad.
A modo ilustrativo, el Cuadro 8 reporta el índice de digitalización de los hogares elaborado por CAF en el marco del índice de desarrollo del ecosistema digital (IDED) y pone de manifiesto una clara diferencia (brecha relativa) entre el grupo de países desarrollados (OCDE, con un indicador de digitalización igual a 74,3) y los países de la región (con un valor promedio de 50,7). A nivel individual, Chile y Brasil tienen una menor brecha relativa con países desarrollados, mientras que Bolivia y Paraguay se encuentran en el otro extremo.
En general, Chile tiene buen desempeño en todas las dimensiones, mientras que Uruguay recibe esa cualificación en penetración y cobertura, Argentina la obtiene en acceso y calidad (pero el servicio es considerado costoso para los usuarios) y Panamá tiene buenos indicadores de calidad. En el otro extremo, Bolivia y Paraguay tienen bajos indicadores en todas las dimensiones, sumándose Perú en baja cobertura y Colombia en baja calidad.
En la mayoría de los países en desarrollo, e incluso en algunos países desarrollados, los usuarios de internet en zonas rurales tienen velocidades de conexión más lentas. Además, en comparación con usuarios de servicios inalámbricos fijos (wifi) o por cable, quienes tienen acceso a la red mediante servicios móviles están expuestos a velocidades de banda ancha comparativamente bajas, a períodos de latencia y costos mucho más altos, y con límites y cupos de tráfico.
Parte de la diferencia en la dimensión de calidad se debe a las velocidades de descarga. Por ejemplo, la velocidad promedio de descarga de banda ancha móvil es de 38 Mbps en la OCDE y de 21 Mbps en ALC. De hecho, en 2019, la OCDE ya tenía un 20 % de cobertura 5G, mientras que esta tecnología no se había implementado todavía en la región.
Por último, una aproximación alternativa a la dimensión de asequibilidad es la proporción de un gasto estándar o paquete de servicios con relación a una medida de ingreso individual — usualmente se utiliza el PIB o el ingreso nacional bruto (INB) per cápita—. Según CAF (2020b), el abono mensual de banda ancha móvil representa el 4,6 % del valor mensual del INB per cápita en América Latina (comparado con el 0,8 % en la OCDE). Las estimaciones del gasto de un paquete de datos respecto del ingreso promedio y del ingreso del primer quintil de población según la distribución de ingresos. La región latinoamericana tiene costos elevados con relación a la media mundial, pero muy superiores al resto cuando se compara la población vulnerable.
En años recientes, se ha analizado la brecha digital (relativa) considerando aspectos socioeconómicos (Tirado, Mendoza, Marín y Mendoza, 2017). De esta forma, pueden surgir explicaciones más precisas sobre la adopción, el uso y el aprovechamiento de los servicios. Un ejemplo ya mencionado es la brecha relativa en la dimensión de calidad entre usuarios rurales y urbanos: si quien vive en una ciudad alcanza un nivel educativo mayor, probablemente haga un uso más intenso del internet y requiera de un servicio con mayor velocidad (calidad). Si el usuario rural dispone del mismo servicio, probablemente lo use menos o decida no acceder porque sus necesidades son satisfechas con un plan de menor potencial.
La pandemia por la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) ha expuesto a las economías del mundo a múltiples desafíos. El virus empezó a manifestarse en ALC entre febrero y marzo de 2020 (unos meses después del anuncio del
brote en la ciudad china de Wuhan, que ocurrió a fines de 2019). Las autoridades debieron tomar medidas de aislamiento, distanciamiento y control, buscando contener los contagios y resolviendo de distintas formas los impactos
de estas medidas en los distintos sectores económicos y sociales, las finanzas públicas, la salud, el empleo y la educación.
En septiembre de 2020, aún no había señales de reversión y las sociedades latinoamericanas comenzaron a adaptar las medidas de política para transitar hacia una nueva normalidad, conviviendo con el virus a la espera de una vacuna. Por ejemplo, en unos pocos países, como Uruguay, Trinidad y Tobago, y Paraguay, donde la pandemia no había golpeado
fuertemente, habían vuelto a una situación prácticamente normal, con pocos casos, tanto de incidencia como de fallecimientos, mientras que en el resto de los países transitaban distintas etapas de reversión de las medidas iniciales. El impacto económico de la pandemia en la región ha sido fuerte: las proyecciones de CAF apuntaban a una caída del PIB regional de 8,7 puntos en el año 2020 (frente a una caída de 3,9 puntos a nivel mundial, según el consenso de Bloomberg). El impacto en términos de vidas también fue importante: a septiembre de 2020 la mortalidad por causa del COVID-19 alcanzaba los 470 casos por millón de habitantes (frente a los 114 a nivel mundial), empujada por la alta tasa de incidencia en Brasil (aproximadamente 20.000 contagiados y 600 fallecidos por cada millón de habitantes) y México (5.000 contagiados y 535 fallecidos por millón de habitantes) y por las altas tasas de incidencia y mortalidad en Perú (21.500 casos y 932 fallecidos por millón de habitantes).
Frente a esta situación, las tecnologías digitales fueron fundamentales para contrarrestar o mitigar los efectos del aislamiento y facilitar el funcionamiento de sistemas económicos. Muchos de los avances, que se estimaba que ocurrirían con mayor o menor velocidad en un futuro, se implementaron en pocos meses en los sectores de salud, trabajo, educación, comercio electrónico, entretenimiento, comunicación audiovisual y en varios sectores de infraestructura, a través de innovaciones o del perfeccionamiento de desarrollos existentes.
Según las estadísticas publicadas por Google Mobility Trends, la movilidad se redujo entre el 40 % y el 80 % en el mes más crítico de la cuarentena (abril de 2020), dependiendo del país y de la actividad (adquisición de alimentos y productos farmacéuticos, trabajo y otras compras y recreación). En agosto de 2020 continuaban las restricciones de movilidad, aunque con menor intensidad (en general) y dependiendo del país, sin que ello necesariamente significara un mayor número de viajes. La mayor recuperación en la intensidad de la movilidad se había dado en Uruguay y Paraguay (los países con menor incidencia de COVID-19 en la región), pero también en Brasil (que en agosto de 2020 aún presentaba números elevados de casos de contagio) y México.
Al mismo tiempo, un estudio realizado por CEPAL (2020) en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México reflejaba que, entre el primero y segundo trimestres de 2020, el tráfico de datos en sitios web y el uso de aplicaciones aumentó más del 300 % por el teletrabajo, el 150 % por el comercio electrónico y el 60 % para la educación en línea.
Este cambio en el patrón de movimientos, de personas a datos, había generado preocupaciones iniciales por el efecto del aumento exponencial del tráfico y el trabajo en la nube sobre la calidad del servicio durante los primeros meses de la pandemia (como ocurrió en mayor o menor medida en Chile, Ecuador, Brasil o México), pero estas se fueron disipando en función de los hechos. Según las mediciones de julio de 2020, la velocidad de banda ancha superaba los niveles de febrero de ese mismo año en la mayoría de los países de la región, manteniéndose una restricción de banda ancha fija en casos puntuales, como Bolivia y Ecuador.
Los desarrollos digitales fueron muy útiles en distintos ámbitos y jugaron un rol preponderante en la dinámica socioeconómica de los países.
El COVID-19 ha provocado una disrupción en el mercado laboral, debido a la necesidad de adaptar la fuerza de trabajo a la realización de actividades a distancia, por medio de plataformas virtuales (para efectuar reuniones, informar, coordinar y seguir el avance de tareas con su equipo). Este tipo de actividades depende de las condiciones estructurales de los países (mercados laborales, nivel de formalidad, estructuras productivas y calidad de la infraestructura digital).
Una condición específica de la actividad es la factibilidad de trabajar a distancia con conexión digital (teletrabajo), siendo más probable en sectores de servicios profesionales y técnicos y en educación, y muy poco probables en sectores agropecuarios, la construcción o la industria manufacturera. Según CEPAL (2020), la probabilidad de teletrabajar es de aproximadamente el 21 % en ALC (se sitúa entre el 15 % de Bolivia y el 31 % de Uruguay, respectivamente mínimo y máximo en la región), muy inferior a la de países desarrollados (cercana al 45 % en los países nórdicos y al 40 % en EE. UU.).
La situación de pandemia obligó a suspender clases presenciales y a migrar, en la medida de lo posible, al formato virtual. Para ello, se pusieron en funcionamiento o actualizaron plataformas virtuales (MS Teams, Google Meet, Zoom). El potencial para el aprovechamiento de estas soluciones depende, por un lado, de la conectividad y calidad de las conexiones, y por otro, de los recursos humanos capacitados para dictar contenidos en formato innovador.
Los beneficios de los avances de la digitalización en los sectores de la salud y la educación o en el mercado de trabajo no pueden ser aprovechados por los usuarios finales (ni por las empresas o el gobierno) si existen brechas en los servicios que proveen las TIC. Según el diagnóstico realizado, aún existe un porcentaje importante de usuarios que no tienen acceso a estas tecnologías (ver el Cuadro 8), sobre todo la población más vulnerable a problemas de salud (personas mayores de 65 años). Sin embargo, aun teniendo la conexión, el servicio puede ser costoso para el usuario o de baja calidad (como, por ejemplo, en Bolivia, Paraguay y Colombia, según ilustra el Cuadro 8), o la tasa de
uso puede ser baja.
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