“Los vinos de Bolivia ya no son solo vinos de altura, sino que son sustentables”, ese es el nuevo rostro que se trabaja para los vinos bolivianos afirma el especialista Luis Guzmán, de la Fundación para la Promoción Estratégica del Sector Vitivinícola (PEVI). Con ese fin se creó el Código de Sustentabilidad de la Vitivinicultura Boliviana, un estándar de cumplimiento voluntario y certificable que es parte de un plan estratégico para el sector diseñado con un horizonte a 20 años.
Para explicar por qué se diseñó un plan a 2040, Guzmán cita algunas cifras que muestran la situación de la vitivinicultura. El 50% del vino que se consume en el país es de contrabando, adulterado o elaborado clandestinamente. De los 8.5 millones de litros que se produce, solo el 1% se exporta.
Por cada botella, se paga 2.68 bolivianos por el Impuesto al Consumo Específico (ICE), dinero que no retorna al sector y es una medida que le resta competitividad.
En cuanto al mercado interno, un adulto consume en el país 1.5 litros al año en promedio, cantidad muy reducida comparada con los 71 litros anuales por persona que se consumen en el Vaticano, en Argentina son 23 litros y en Chile son 16.
Guzmán, un ingeniero ambiental cuyo trabajo se decantó por el sector vitivinícola, dice entusiasmado que “descorchar una botella de vino es disfrutar el trabajo de cientos de miles de familias”. La producción de uva y vino genera aproximadamente 20.000 empleos directos e indirectos. Citó un estudio de Fautapo, hecho en 2012, que señala que con la producción de una hectárea una familia puede salir del umbral de la pobreza.
El sector factura anualmente 140 millones de dólares, de los que 20 millones retornan al Estado por impuestos, y representan un aporte del 0.5% al Producto Interno Bruto (PIB).
En cuanto al mercado externo, la plaza principal es Estados Unidos y algunos países europeos, donde el vino y el singani bolivianos son reconocidos en ferias mundiales.
Sobre la posibilidad del país para exportar grandes volúmenes, Guzmán dice que más que a subir la cantidad se trabaja para ofrecer calidad. El clima, la temperatura, la altura y la radiación solar son los factores que favorecen a la industria nacional.
La Fundación PEVI se conformó justamente con la perspectiva de mejorar la calidad de la producción y es una organización que conjuga esfuerzos de la Asociación de Bodegas, de los pequeños productores y de la Gobernación de Tarija. Con la cooperación de Alemania y Argentina, se elaboró un plan inspirado en el que se diseñó, en 2000, para los productores de Mendoza (Argentina) con un horizonte a 20 años, que logró convertir a esa provincia en la más importante productora de vinos de ese país.
Guzmán afirma que no significa que se vaya a copiar la receta, sino que se recibirá cooperación técnica sobre qué necesita el productor. El plan estratégico tiene entre sus ejes principales la apertura de mercados, el fortalecimiento institucional y programas de extensión con los pequeños productores.
El Código de Sustentabilidad es una herramienta que busca incorporar prácticas sostenibles con base en el cumplimiento de la normativa vigente y en requisitos medioambientales, económicos y sociales. Su observancia permitirá llegar a mercados internacionales más exigentes que buscan vinos “verdes”, es decir, aquellos que en su producción hacen uso eficiente y ahorro de agua y energía.
La cuarentena para frenar la propagación del coronavirus postergó el inicio de clases en la carrera de Enología y Viticultura, que desde este año ofrece la Universidad Juan Misael Saracho. Guzmán aplaude que en unos años habrá profesionales formados en el país para fortalecer al sector, sobre todo en la investigación que es un área que se requiere apoyo.
En Cochabamba, solo hay dos bodegas formalmente establecidas y con larga tradición: Marquez de la Viña y Bodegas Dolz.
Evelyn Mérida, enóloga de Marquez de la Viña, dice que por el momento la actividad está en stand by debido a la cuarentena por la COVID-19. El proyecto que estaba tomando impulso es el enoturismo, que es la combinación de turismo y cata, pero ahora no se sabe cómo reaccionará el mercado ni cuál será la situación postpandemia, que obligará a reinventarse.
De todas formas, Mérida afirma que en Cochabamba el objetivo es la calidad, es decir, educar el paladar del consumidor, que sepa distinguir un buen vino, que no necesariamente debe ser caro. “Hay que generar consumo (…) Es muy importante educar al consumidor porque muchos no saben distinguir un vino adulterado de uno hecho 100% con uva”.
Wildo Dolz, Gerente general de la bodega del mismo nombre, explica que iniciativas como la de la Fundación PEVI no incluyen a los productores cochabambinos debido a que no logran los volúmenes que alcanzan los valles del sur del país. Entre Cotagaita (Potosí), Camargo (Chuquisaca) y Tarija, que representan el 80% de los viñedos del país, cultivan 3.000 a 3.500 hectáreas, frente a las siete u ocho que cultiva la Asociación de Viticultores de Sipe Sipe, que agrupa a productores del Valle Alto, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe.
Explica que no hay mucha gente que quiera dedicarse al rubro, quizás porque requiere atención nueve de los 12 meses del año. El cultivo requiere una alta inversión, pero se recupera hasta el quinto o sexto año.
Entonces, el enfoque en Cochabamba es aumentar la cantidad de productores de uva de mesa y que el consumidor deje de preguntar: “¿Es de Tarija?”, para tener referencia del sabor.
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