La cartera de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) al 31 de octubre de 2014 alcanzó a Bs 3.878 millones con una mora de 1,89%. Las 13 entidades que conforman Finrural se encuentran en proceso de adecuación a la Ley 393 y tienen algo menos de dos años para obtener la licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), lo que concederá el estado de entidades reguladas y por tanto poder captar recursos financieros del público (ahorro).
La cartera de las IFD ha beneficiado a un total de 457.444 prestatarios a nivel nacional. A esta misma fecha se puede apreciar que la clientela urbana representa el 50%, mientras que la clientela rural representa el restante 50% del total de clientes atendidos. El porcentaje de mujeres que accedió a microcrédito alcanza 74%, lo que demuestra la política de las entidades para favorecer a la mujer y sus emprendimientos productivos.
Según las cifras publicadas en la página web de Finrural que asocia a 13 entidades privadas, el total de prestatarios beneficiados con microcréditos llegó a 457.444.
En cuanto a los indicadores financieros, el sistema de Finrural registró 224.67 por ciento respecto de la cobertura de previsiones.
La distribución de los 331 puntos de atención financiera favorece ampliamente al departamento de La Paz, siguiéndole Cochabamba y Santa Cruz. De ese número 149 puntos de atención están localizados en las ciudades secundarias y rurales del país.
El 100 por ciento de las ganancias se capitaliza, sostuvo Néstor Castro, gerente de Finrural, quien manifestó que trece entidades están en proceso de adecuación a la Ley 393 de Servicios Financieros promulgada en agosto del 2013. Explicó que las IDF no pueden captar recursos del público y las únicas fuentes de financiamiento provienen de la banca múltiple o financiamiento exterior. Estimó que las tasas de interés que se captan esos fondos están alrededor de 10 por ciento que es el costo del fondeo promedio de las entidades.
Dijo que una vez que se logre la licencia de funcionamiento por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) será posible bajar los costos y aumentar la cobertura de los microcréditos en beneficio de los sectores menos favorecidos. En cambio, agregó, las entidades financieras reguladas por la autoridad sectorial pueden distribuir el 100 por ciento de sus utilidades y no necesariamente capitalizar su patrimonio.
Añadió que las IFD no son organizaciones con fines de lucro. Sostuvo que en cumplimiento de la ley la capitalización de las utilidades permite –por el momento– conformar una especie de trampolín de recursos de capital para ampliar los servicios de las financieras, impulsar mejoras tecnológicas y optimizar el acceso al crédito en las ciudades y poblaciones rurales del país.
El decreto promulgado el 9 de julio pasado que estableció las tasas de interés para créditos productivos y de vivienda, el proceso de adecuación para las entidades que no iniciaron dicho proceso se fijó un plazo seis meses. Es decir, hasta marzo venidero deben iniciar dicho proceso. Para las entidades que ya iniciaron el proceso de adecuación cuentan con un plazo de dos años para obtener la licencia de funcionamiento que es el caso de Finrural. Entre los requisitos que exige la norma se tienen aspectos operativos, legales, estatutos según la Ley 393, implementación de servicios sistemas, entre otros.
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