La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) que agremia a 14 instituciones del microcrédito en Bolivia evalúa, desde el pasado 9 de julio, el impacto del decreto 2055 con respecto a las nuevas tasas del crédito productivo. Hoy este importante sector de la economía boliviana ofrecerá un pronunciamiento, anunció a EL DIARIO esta entidad.
Vamos a dar a conocer nuestra posición en relación al decreto”, anunció escuetamente el ejecutivo. Una de las principales preocupaciones de este sector que administra más de Bs 3.800 millones de cartera bruta es la tasa tope que impuso el Ejecutivo para operaciones de microcrédito. Finrural contaba a mayo pasado 463.261 prestatarios de los cuales 75 por ciento son mujeres. El 61 por ciento de las operaciones de las 14 entidades está colocada en el mundo rural y el saldo en las zonas periurbanas de las ciudades.
Al no ser entidades autorizadas para captar recursos del público, nuestro fondeo o financiamiento se realiza, a través de mecanismos de mercado reembolsables de carácter privado nacional e internacional”, dijo la entidad en su página web. Según anteriores declaraciones de Castro, la dependencia de las 14 microfinancieras de fuentes privadas encarece el crédito. Hace unos días el economista, Armando Méndez, expresó su preocupación por la caída de rentabilidad de las entidades del microcrédito y señaló que las entidades más grandes podrán soportar el impacto. La Asociación de Bancos Privados se manifestó renuente a aplicar las tasas reguladas y dijo que las mismas debían ser definidas por el mercado y anticipó que seguirán cayendo las utilidades de los bancos, aunque dijo que acatarán el decreto.
Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) tienen la misión de apoyar la calidad de vida de la población más vulnerable del país con la cual han trabajado por más de 20 años adaptando la tecnología crediticia a las condiciones de este tipo de cliente, dijo Castro.
Finrural es una organización especializada en microfinanzas que agrupa las IFD que fueron incorporadas al ámbito de la regulación de la entonces Ley de Bancos y Entidades Financieras el año 2008. Las IFD promueven el financiamiento a sectores vulnerables de la población buscando reducir las diferencias económicas, sociales, de género y priorizando el financiamiento al sector productivo del país, aunque también a otros sectores de la economía de Bolivia, sostiene el portal de la institución.
Los interesados que gestionen un crédito productivo en una Entidad de Intermediación Financiera (EIF) deberán pagar una tasa de interés anual conforme a lo establecido en el Decreto 2055 que no incluye el costo de seguros, formularios ni ningún otro recargo, señala dicha normativa emitida la semana pasada por el Gobierno.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, mencionó que uno de los objetivos que tiene el Decreto 2055 es el de incentivar a la producción de bienes en el país, lo que no ocurría en el pasado. “Las tasas de interés activas anuales máximas no incluyen el costo de seguros, formularios ni ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI”, señala el artículo 5 del decreto 2055.
El ministro de Economía, Luis Arce, dijo este fin de semana que con el decreto regulatorio se espera movilizar entre $us 6.000 a $us 9.000 millones de recursos frescos en la economía boliviana. Recordó que la antigua Ley de Bancos y Entidades Financieras no impulsó la canalización de créditos para el sector productivo.
Todo lo contrario, más bien promovió el préstamo de consumo que llegó a entre 80% y 85% de la cartera de crédito del sistema financiero nacional”, dijo en los medios oficiales.
El Gobierno estableció a través del Decreto 2055 que las entidades financieras deberán cobrar una tasa de interés anual máxima por créditos destinados al sector productivo para la microempresa del 11,50%, para la pequeña empresa del 7% y para la grande y mediana empresa del 6% (Mipymes y gran empresa de Bolivia).
Según datos extraídos de la web del Banco Central de Bolivia (BCB) de la semana del 30 al 6 de julio de este año, el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) es el único banco comercial que cobró una tasa menor al 11,50%, que es de 10,90% por un microcrédito en moneda nacional. A nivel de mutuales, La Primera cobró una tasa del 8,83% y Paitití del 8,30% y con relación a las cooperativas está San Antonio con 10,22% y Asunción con 10,27%.
Respecto a un crédito empresarial en moneda nacional en bancos comerciales, el Banco Económico cobró 5,89%, mientras que las demás entidades cobraron intereses por encima del 6% de lo que está establecido en el decreto 2055 para las grandes empresas.
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