Tras el impacto del COVID-19, 14 productos del sector agroalimentario pueden ser la “punta de lanza” para la recuperación socioeconómica del país. El desarrollo de este grupo de alimentos generará divisas y empleo, pero requiere inversión.
Se trata de la castaña beneficiada, arroz en grano, azúcar y alcohol, leche fresca y procesada, maíz, café en grano y procesado, maní, aceite comestible, cacao y chocolate, harina de maíz, frejol, quinua, carne bovina y avícola.
Estos 14 productos fueron identificados en el “Mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Un estudio elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia.
“El sector agroalimentario puede ser la punta de lanza para la recuperación socioeconómica, eso desde un punto de vista de soberanía o seguridad alimentaria, pero también desde un punto de vista de generación de divisas y de generar un modelo de exportación y de sustitución de importaciones que le permita al país — por lo menos en este sector— recuperarse mucho más rápido de lo que se podrían recuperar otros sectores como el turismo o servicios”, anunció a LA RAZÓN el representante Residente Adjunto del PNUD, Dennis Funes.
Son 14 oportunidades de inversión para productos agrícolas industriales, que no solo tienen potencial para generar un retorno económico o financiero para toda la cadena productiva, sino también a nivel social y ambiental.
El mapeo de productos incluye fichas de inversión de acuerdo con la metodología SDG Impact, que permite mostrar el panorama en el que se desenvuelven y presenta su alineamiento con los ODS a través de indicadores.
OPORTUNIDADES. Estas fichas contienen indicadores de retorno económico, es decir, los años en los que se puede recuperar la inversión, así como “el crecimiento anual que podría tener en términos económicos cada uno de estos productos”, sostuvo Funes.
También analiza cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales, debido al uso de químicos con la expansión de la frontera agrícola, deforestación, uso excesivo de agua o energía.
Y cómo mejorar la productividad bajo prácticas sostenibles, es decir, a través del uso eficiente del recurso hídrico, eficiencia energética, sin expandir áreas se busca elevar el rendimiento de cada producto cultivado por hectárea con tecnología y eficiencia.
Además, en estas fichas de inversión se incorpora un componente social, relacionado con el potencial de generación de empleos directos e indirectos que lleguen a los pequeños productores, es decir, se busca “transformar la realidad de la población que todavía vive en situación de pobreza o que se encuentra en una línea de vulnerabilidad de recaída a la pobreza”, dijo el representante del organismo internacional.
“Creemos que a través del sector agroalimentario y de estas 14 oportunidades que se han identificado se podrían generar mecanismos de resiliencia, de recuperación, que hagan que estas familias no retrocedan y que más bien avancen, que resistan la crisis y puedan seguir adelante en el desarrollo humano que han tenido los últimos años”, destacó.
El mapeo de productos elaborado por el PNUD establece entre sus conclusiones que el avance del sector agroalimentario en el país proviene de las inversiones realizadas, las cuales tuvieron una maduración por varios años y que pese a ello, en el corto plazo, la inversión en la industria de alimentos está compuesta solo por el 57% de los empresarios.
El restante porcentaje (43%) alega los problemas de inseguridad jurídica y el trámite tributario inmerso en una inversión.
Los recursos están concentrados en: mejoramiento de procesos, automatización de operaciones, mejoramiento de infraestructura, licencias y patentes y demás elementos de tecnología.
El financiamiento de la inversión es otra variable clave que considera el PNUD para el desarrollo del sector, debido a que solo el 2% de las empresas acude a formas innovadoras para sus inversiones que no sean la opción tradicional de financiamiento bancario, detalla el documento.
Un tercio de las empresas utiliza su capital propio, es decir, asume el riesgo, muy poco común en industrias alimentarias sensibles a la pérdida del producto.
Según evaluación del representante Residente Adjunto del PNUD en Bolivia, Dennis Funes, el sector de agroalimentos requiere a corto plazo una “inyección” de capital de al menos $us 300 millones para que pueda crecer y convertirse en la “punta de lanza” de otros rubros productivos.
“Idealmente un flujo de $us 500 o 1.000 millones sería lo ideal, pero sabemos que hay que repartir los pocos recursos entre muchos sectores y más o menos unos $us 300 millones creemos que es conveniente para poder iniciar todo este proceso de transformación del sector”, aseguró a este medio.
Con esa perspectiva, el mapeo de oportunidades de inversión privada en el sector agroalimentario —dijo— puede constituirse en una herramienta para cuantificar oportunidades para 14 productos que se pueden “canalizar” con estos recursos.
Con el objetivo de generar fuentes de financiamiento, el PNUD impulsa un trabajo conjunto con actores clave del sector como la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), banca privada y pública a fin de que puedan emitir instrumentos de deuda que estén alineadas para generar impactos positivos en el desarrollo sostenible.
“Estoy hablando de emisión de bonos, que ahora pueden ser catalogados de sociales o de impacto positivo en temas verdes o ambientales que permita que el flujo de financiamiento esté mejor dirigido a este tipo de inversiones de triple impacto no solo económico sino además social y ambiental”, argumentó Funes.
Para ello, se requiere de una normativa con incentivos, razón por la cual el organismo inició conversaciones con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) para la generación de mecanismos de financiamiento.
Una norma “que tenga toda esta teoría del cambio, que tenga toda una trazabilidad de los impactos con líneas de base muy claras y con metas estratégicas que le apunten en una manera muy coherente a las prioridades que tiene el Gobierno a lo que se ha establecido en el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social, la Agenda del Bicentenario, la Agenda de 2025 y de esta forma entonces se pueda alinear todo el flujo de financiamiento tanto de la inversión pública como la privada hacia un objetivo común, la reactivación económica trae el impacto de COVID- 19”, detalló el representante.
Plazos. La mesa de finanzas sostenibles, integrada por actores públicos y privados del ecosistema financiero nacional, es el escenario donde el organismo impulsa la aplicación de nuevos instrumentos de financiamiento. Una instancia que es integrada por la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entre otras.
Se estima que los resultados de ese trabajo se conozcan en un plazo de al menos cuatro meses.
“Nosotros esperamos que a corto plazo se pueda emitir este tipo de instrumentos de financiamiento que busca impulsar proyectos de desarrollo sostenible, estamos hablando de unos tres o cuatro meses para que se puedan generar estos flujos”, concluyó el representante del PNUD.
Se puede acceder al mapeo de inversión en el siguiente link: https://www.bo.undp.org/
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