Para el gremio empresarial, la Ley de Incentivos Tributarios brinda “mayor certidumbre” para la inversión. No obstante, el impacto económico de esta norma está sujeto a la inyección de liquidez financiera a este sector mediante créditos blandos.
Con la promulgación de la Ley 1391 del 31 de agosto de 2021, se establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial, y maquinaria pesada para la construcción y minería, con el propósito de impulsar la reactivación económica y fomentar la política de sustitución de importaciones.
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Según evaluación del gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Gustavo Jáuregui, lo más importante de esta ley es que coadyuva con el sector empresarial privado: como motor de la economía nacional, en su reactivación “brindando mayor certidumbre para la inversión y, por ende, mayor dinamismo”, lo cual puede verse traducido en un mediano plazo en la generación de fuentes de empleo formal y digno para la población.
Se trata de una norma “positiva” que tendrá “mayor relevancia” si viene acompañada de otras medidas que coadyuven en su mejor aplicación e impacto, dijo.
Justificó esta afirmación señalando que la aplicación correcta de esta medida puede incentivar mayor inversión en bienes de capital, que dinamicen la economía a través del mejoramiento de los indicadores de comercio exterior tanto de importación como de exportación. “Ambos factores son determinantes para la estabilidad de las finanzas públicas, por la recaudación tributaria de aranceles a la importación, como a la generación de divisas por mayores índices de exportación”, apuntó.
Tras la promulgación de la Ley 1391 y su reglamento mediante Decreto Supremo 4579, el Gobierno proyecta importaciones de bienes de capital entre $us 1.000 y 2.000 millones.
Al respecto, Jáuregui consideró que a pesar del “shock” que sufrió el gremio empresarial al perder liquidez durante la crisis económica ocasionada por el COVID-19, “si se considera la viabilidad de implementar medidas de inyección de capital mediante créditos blandos”, el sector puede incluso superar esas expectativas proyectadas por la administración del presidente Luis Arce.
“Recordemos que en 2019, las importaciones de bienes de capital superaron un poco más de los $us 2.000 millones y en la gestión 2020, a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, alcanzó cerca a los $us 1.400 millones, constituyéndose en ambas gestiones en un ítem muy importante y representativo de las importaciones totales, en promedio el 20%”, detacó el ejecutivo.
Para el Gerente de la CNC, el impacto de la Ley 1391 está sujeto a la implementación de otras medidas importantes, como ser la “inyección de liquidez al sector empresarial” mediante créditos blandos para inversión en bienes de capital conforme a la aplicación de la citada normativa.
“También deberá considerarse la implementación de medidas que incentiven la generación de fuentes de trabajo y la formalización de los actores económicos que amplíe la base tributaria para el Estado, tales como un régimen tributario transitorio para los emprendedores que les permita pagar el IVA y el IUE de forma simplificada, la eliminación del Impuesto a las Transacciones, IVA con tasas diferenciadas, entre otras”, indicó Jáuregui.
Finalmente, ratificó la posición de la Cámara Nacional de Comercio para generar mayor diálogo público privado, que posibilite la elaboración de medidas económicas “aplicables, de impacto y oportunas” con perspectiva de acelerar el proceso de reactivación económica en el país.
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