El Gobierno proyecta la creación de dos fondos de garantía con recursos del sistema financiero, para facilitar el acceso a los créditos de vivienda de interés social y para el sector productivo de Bolivia.
Se prevé aplicar la medida mediante un decreto supremo que reglamentará el artículo 115 de la Ley de Servicios Financieros sobre la función social, mediante la creación de dos fondos de garantía, para lo cual se dispone que los bancos múltiples y los bancos pyme destinen el 6% de sus utilidades netas.
Los fondos de garantía respaldan a los prestatarios que no pueden presentar avales o colaterales para acceder a un crédito en el sistema financiero.
El viernes 3, representantes del Ministerio de Economía y del sistema financiero debatieron otro de los decretos reglamentarios sobre la función social.
En la reunión entre el Ejecutivo y los representantes de Asoban y Asofin, se discutieron dos proyectos de decreto supremo, uno para la banca múltiple (Asoban), referido a la constitución de un Fondo de Garantía de Crédito de Vivienda de Interés Social, y otro para la banca pyme (Asofin), que instituye un Fondo de Garantía de Crédito para el Sector Productivo, según informaron fuentes allegadas al sistema financiero.
El artículo 1 de los proyectos reglamentarios, que tienen el mismo tenor, señala que el objeto es «determinar el porcentaje de las utilidades netas de la gestión 2014 que las entidades de intermediación financiera destinarán para fines de cumplimiento de su función social, mediante la constitución de fondos de garantía, estableciendo las condiciones para su funcionamiento en el marco de la Ley 393”.
El artículo 3 precisa que las entidades financieras incluidas en los decretos deberán destinar el 6% de sus utilidades netas de 2014 para la constitución de fondos de garantía crediticios.
El artículo 5 del proyecto para la banca múltiple establece que el fondo de garantía tendrá por objeto suplir el «aporte propio requerido a solicitantes de crédito de vivienda de interés social”.
Si un usuario no dispone de un aporte propio para acceder a un crédito de vivienda social, se evaluará su caso para que el fondo le garantice.
El Ministerio de Economía reglamentará todos los aspectos necesarios, precisa el documento.
El domingo 5, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, dijo que el aporte del 6% no es un nuevo impuesto y que sólo se busca democratizar el acceso a los servicios financieros.
Agregó que la norma entrará en vigencia en 2015, una vez que la banca cierre sus estados financieros, en diciembre, y luego de que se auditen sus ganancias.
El artículo 115 de la Ley de Servicios Financieros, sobre los recursos para la función social, expresa que «las entidades del sistema financiero destinarán anualmente un porcentaje de sus utilidades, a ser definido mediante decreto supremo, para fines de cumplimiento de su función social, sin perjuicio de los programas que las propias entidades financieras ejecuten”.
El diciembre de 2013, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 1842 que fija tasas de entre 5,5% y 6,5% para créditos de vivienda social.
En julio de este año, promulgó el reglamento que establece un techo máximo para las tasas destinadas al sector productivo de 11,5% para la microempresa, de 7% para la pequeña empresa y de 6% para la grande y mediana empresas de Bolivia.
En la actualidad, las entidades de servicios financieros gozan de muy buena salud, aún teniendo en cuenta » erupciones” como las de algunas cooperativas de Santa Cruz.
Sin embargo, las entidades financieras del mundo entero y no sólo de Bolivia tienen un desequilibrio fundamental que está dado por el descalce de plazos entre los depósitos (que están a corto plazo) y los créditos (que están a más largo plazo).
La ley boliviana fija el coeficiente (de capital) en 10%, pero deja abierta la posibilidad de aumentarlo hasta 12%. Dadas las altas utilidades, antes de impuestos, que tienen las entidades financieras, sería tal vez el momento de aumentar al 12%.
Se puede también diseñar incentivos para que las entidades financieras modernicen sus sistemas informáticos.
Las financieras canalizan recursos hacia las empresas bolivianas. Esta función tienen que hacerla bien, mejorando sus sistemas de evaluación de proyectos y créditos, reforzando sus gerencias de riesgos y creando gerencias de estudios económicos.
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